El 17 de octubre de 2023 ingresó oficialmente al primer trámite constitucional el proyecto de ley que busca fortalecer al Ministerio Público. La iniciativa, según lo señalado por las autoridades, apunta a reforzar distintas áreas del sistema judicial y mejorar la capacidad de respuesta frente al alza sostenida en la criminalidad y la complejidad de las causas.
Para las entidades involucradas, la propuesta representa un avance significativo. Así lo expresó Aquiles Cubillos, Fiscal Regional de O’Higgins, quien aseguró que la región se encuentra en una de las situaciones más críticas a nivel nacional. “Nosotros tenemos un déficit sumamente importante, sobre todo en la fiscalía local de Rancagua. Hoy tenemos 10 fiscales para una ciudad de más de 200.000 habitantes y una jurisdicción mucho más extensa. La fiscalía atiende también a Machalí, Coinco y Doñihue. Por tanto, la cantidad de población que se atiende es sumamente mayor a las capacidades que hoy tenemos. Y comparadas con otras ciudades capitales regionales, claramente nos vemos en una situación bastante más disminuida”, señaló a El Tipógrafo.
El proyecto contempla una implementación gradual que busca generar 819 nuevos cargos en un plazo de cuatro años, incluyendo 205 fiscales adjuntos adicionales, lo que permitiría alcanzar un total de mil en todo el país. También considera mejoras en la tramitación de causas complejas y violentas, un refuerzo a los sistemas de turno y una mejor atención a víctimas y testigos. Además, propone un sistema de incentivos basado en el desempeño colectivo, evaluaciones externas del funcionamiento del Ministerio Público cada tres años y un fortalecimiento de las fiscalías unipersonales.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados para su segundo trámite constitucional. Desde O’Higgins, el Fiscal Regional recalcó la urgencia de avanzar en la discusión parlamentaria debido al aumento de la criminalidad. “Nosotros tenemos presencia de crimen organizado en la región, presencia del Tren de Aragua y varios fenómenos que nos han estado afectando. Obviamente esta situación de déficit en definitiva nos hace que hoy tengamos que gestionar nuestros recursos de la forma más eficiente”, indicó Cubillos.
Asimismo, advirtió sobre el impacto que este déficit genera en el trabajo diario. “Las denuncias año a año van creciendo alrededor de un 10 a un 15%. Es una cantidad de delitos que ingresan a la fiscalía nuevos todos los años, de los cuales nos tenemos que hacer cargo. Para mantener los estándares que hoy tenemos se requiere más personal. Si no, derechamente en algún minuto no vamos a poder mantener los estándares. Vamos a tener que desestimar una mayor cantidad de causas, eso quiere decir en definitiva dejar de investigar delitos”, sostuvo.
Defensoría Regional: “Tenemos ese riesgo”
La discusión también ha abierto espacio para la Defensoría, institución que asegura verse igualmente sobrecargada ante el alza de causas. En conversación con El Tipógrafo, el Defensor Regional, Claudio Aspe, planteó la necesidad de que el fortalecimiento del sistema judicial considere también a la defensa pública.
“Si hoy día vamos a aumentar el número a los fiscales, a asistentes de fiscales, que también incluyen personal administrativo, ese aumento también debería reflejarse en la Defensoría Penal”, manifestó.
Aspe detalló: “Una causa por la que se denomina crimen organizado, que involucra delitos de tráfico con una complejidad financiera, son grandes causas con grandes números de imputados, y eso requiere también que la Defensoría tenga los recursos que permitan hacer frente. Y esto es súper importante, porque aquí se trata de mantener un equilibrio en el sistema”, explicó.
El Defensor Regional agregó que la falta de recursos ya se refleja en el funcionamiento diario. Como ejemplo, mencionó el caso del secuestro de un empresario. “La Defensoría tuvo que colocar tres defensores. Entonces son tres jornadas que están destinadas exclusivamente a ese juicio, que se hacía en el día y se preparaba fuera de horario. Eso genera a su vez que se vaya resintiendo las demás áreas que debe trabajar la Defensoría prestando defensa”, afirmó.
Finalmente, Aspe advirtió que el escenario podría ser cada vez más complejo. Consultado sobre si la entidad se encuentra colapsada, aseguró que “tenemos ese riesgo”.
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