Una tensa audiencia de formalización se llevó a cabo este lunes en el Hospital San Juan de Dios de San Fernando. Con la asistencia de un intérprete, un ciudadano de nacionalidad haitiana fue acusado de agredir violentamente a efectivos de Carabineros en la comuna de Chimbarongo. Sin embargo, lo que parecía ser un caso directo de agresión a la autoridad, dio un giro inesperado que culminó con una resolución judicial controvertida.
El juez Erick Ríos Leiva presidió la sesión, con la fiscal Edith Orellana Vera representando al Ministerio Público y la abogada Carolina Alvarado Cisternas, jefa de la defensoría penal, defendiendo al imputado. Durante la presentación de los argumentos, la fiscal Orellana solicitó la internación provisoria del detenido, argumentando la gravedad de los hechos y el riesgo que representaba.
No obstante, la defensa presentó una sólida argumentación que cambiaría el curso del proceso. La abogada Alvarado Cisternas sostuvo que el imputado padece de esquizofrenia, una condición que lo hace inimputable ante la ley. Para respaldar su afirmación, presentó un historial médico que demostraba no solo el diagnóstico, sino también un antecedente legal en el que el mismo ciudadano había sido dejado en libertad por un caso anterior, precisamente por su enfermedad mental.
Tras una exhaustiva revisión de los alegatos y la documentación presentada por ambas partes, el juez Ríos resolvió ordenar la libertad inmediata del ciudadano haitiano, “El Tribunal descarta decretar de momento la suspensión del procedimiento y al respecto resuelve fijar fecha para discutir esta. Asimismo, ordena oficiar al Hospital de San Fernando para que remita la ficha clínica del imputado con antelación a la audiencia a fijar, para ver si hay información sobre su salud mental y de alguna patología en el área ya señalada. Sirva la presente acta de atento oficio remisor”, señala el acta.
Durante la audiencia, la defensa del imputado presentó una denuncia en contra del personal policial a cargo del procedimiento indicando que se habría cometido un posible homicidio frustrado o lesiones graves respecto de su representado, resolviendo el tribunal remitirla al Ministerio Público para su conocimiento.
Será el Ministerio Publico, quién a la vista de los antecedentes proporcionados inicie la investigación respectiva para formalizar al carabinero por el presunto delito de homicidio frustrado, y que según recabados durante la audiencia sugieren que, el carabinero denunciado conocía el estado de salud del extranjero tras anterior incidente, el funcionario policial habría incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza.
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