Una pena acumulativa de poco más de 25 años es lo que solicitó la Fiscalía de Alta Complejidad O’Higgins, para Javier Cornejo Diez de Medina, por los delitos de: soborno, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, lavado de activos y delitos tributarios. Los que se habrían cometido en el marco del Caso Juan Ramón Godoy, exalcalde de Rancagua, que se mantiene en prisión preventiva por la acusación de delitos ligados a corrupción.
Cornejo, no es el único empresario asociado a este caso. Diego Barba, Carlos Rodríguez, Daniel Salazar y Oscar Martínez, fueron condenados en agosto pasado –en menor y mayor medida- a penas en libertad vigilada y multas económicas. Sin embargo, en el caso de Javier Cornejo, la fiscalía determinó que no existiera opción de juicio abreviado, por lo que sigue en calidad de acusado y deberá enfrentar el juicio oral junto a Godoy.
“Fundamentalmente porque los montos que se le imputan a Javier son superiores a los que se le imputan a los otros empresarios”, responde el abogado Luis Felipe León, defensor de Javier Cornejo, agregando que, “ahí viene un primer distanciamiento con el Ministerio Público, porque cuando nosotros, como defensa, llevamos a declarar a Javier (…) durante el procedimiento -ya con arresto domiciliario- el fiscal nos mencionó que con esta declaración él iba a hablar con todos los querellantes para hacer un procedimiento abreviado”.
Por lo tanto, manifiesta que, “el distanciamiento actual que tenemos con el Ministerio Público es por no cumplir esta promesa”.
“Nosotros pensamos que se ha vulnerado el principio de objetividad”, asegura el abogado. Explicando que, “está en la ley orgánica del Ministerio Público e indica que los fiscales tienen que investigar no sólo aquello que perjudique al imputado, sino también aquello que le favorezca”.
Asegura que esto no se ha cumplido ejemplificando con que, “en la arista de malversación de caudales públicos, que es donde la Fiscalía indica de que, en realidad, las reparaciones que se hicieron al vehículo del alcalde, en realidad, nunca se hicieron».
“Nosotros acompañamos una serie de documentos; facturas de compras de repuesto, etcétera, donde demostramos que, efectivamente, sí se le hicieron las reparaciones a ese vehículo».
León, enfatiza que diversas acciones imputadas no son sobornos, sino que tienen relación con una larga relación de amistad entre su representado y Godoy, quienes se conocen desde la infancia.
“Por lo tanto a raíz de esta amistad, incluso mucho antes de que fuese alcalde don Juan Ramón, cuando él estuvo con algunos inconvenientes económicos, Javier, por ejemplo, sacó un auto en la Comercial del Real”.
Y respecto a esta arista, precisa que, “evidentemente estaba a nombre de Javier -una Volkswagen Tiguan- que lo usaba en la práctica Juan Ramón pero que las cuotas eran pagadas por Juan Ramón, depositándoselas a Javier Cornejo”.
“Cuando nosotros le entregamos todos estos antecedentes al fiscal, y le dijimos incluso, oficie usted a la Comercial del Real, cite a declarar al que hizo la venta, nuevamente nos encontramos con las puertas cerradas del Ministerio Público”.
En cuanto a los más de 50 tratos directos que tuvo Cornejo con la Cormun de Rancagua, León sostiene que en su calidad de empresario tiene la facultad de postular y adjudicárselas, sin existir ningún impedimento legal para ello, además enfatiza que “todas las obras se ejecutaron”.
“(Javier) no es un empresario que se formó cuando asumió Juan Ramón para defraudar junto con él, es un empresario que viene desde el año 2008, realizando esta función con distintos municipios”, asegura.
La audiencia de preparación de juicio oral se realizará el próximo 9 de septiembre, tras la instancia se podría determinar con mayor certeza cuándo sería el juicio.
En esta línea, Luis Felipe León, detalla que la defensa apostará por bajar 3 de los 4 delitos imputados: «Esperamos que por el soborno se aplique una pena de tres años y un día, y por los delitos del Código Tributario, por los delitos del Servicio de Impuesto Interno, esperamos una pena de 541 días, es decir, una pena inferior a cinco años con libertad vigilada».
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