La Defensoría Penal Pública de O’Higgins informó, mediante su cuenta pública correspondiente al año dos mil veinticuatro, un aumento en las medidas cautelares de prisión preventiva en la región. Según el balance, al menos ciento veintidós hombres, mujeres y adolescentes tuvieron que cumplir con la máxima cautelar, de manera “absolutamente innecesaria e injusta”, según señaló la entidad.
El Defensor Regional, Claudio Aspe, fue claro al exponer la magnitud de la situación. En dos mil veintidós, novecientas ochenta y cuatro personas ingresaron a prisión preventiva, mientras que este año la cifra llegó a mil trescientas ochenta y tres. Un salto que preocupa a la Defensoría de O’Higgins.
“No hay un desconocimiento de que hay una forma de criminalidad más fuerte, que es importante que sean investigadas, que sean perseguidas, que sean juzgadas. Pero, también nos provoca el hecho de que todas estas legislaciones, nueva legislación que se aplica, que trata de hacer una aplicación un poco más automática de la prisión preventiva”, explicó Aspe en conversación con El Tipógrafo.
Además, agregó que para él, los motivos por estas alzas en las prisiones preventivas se deben a “las sensaciones de inseguridad, lo que lleva a que pasen situaciones como las que ayer mencionamos. Algunas de estas ciento veintidós personas estuvieron en prisión preventiva por más de seis meses y finalmente fueron declaradas inocentes”, apuntó.
El daño
Desde la Defensoría Penal Pública de O’Higgins apuntan que no existiría un apoyo por parte del Estado en relación al daño causado a las personas que tuvieron la medida cautelar y posteriormente fueron liberados. Aspe recalcó que: “El daño que se produce a una persona que está en la cárcel no debiendo haber estado nunca, el daño personal, el daño a su dignidad, el daño a su familia, el personal que termina siendo juzgado por la prensa en definitiva, requieren una reparación”.
A su juicio, otro punto preocupante es que incluso hubo casos donde, tras pasar meses en prisión preventiva, los acusados recibieron finalmente penas en libertad. “Eso nos demuestra que no había delitos de la gravedad suficiente como para haberlos mantenido encarcelados desde un inicio”, agregó.
En medio de esta discusión, Aspe recordó la vigencia del Proyecto Inocentes, una iniciativa que desde dos mil trece y recopila casos emblemáticos de personas que estuvieron privadas de libertad y luego resultaron absueltas.
El defensor también advirtió sobre las consecuencias prácticas del aumento en las medidas cautelares: “Las cárceles están bastante hacinadas, esto crea problemas de seguridad para Gendarmería, problemas de seguridad para los mismos internos, problemas de seguridad para los defensores y otros profesionales que realizamos labores permanentes en las cárceles”. Cerró.
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