Los desvíos de recursos de SLEP-Colchagua que apuntan al suspendido director ejecutivo, Leonardo Fuentes

Una investigación periodística de CIPER da cuenta lo que ya habían publicado medios locales y que es de amplio conocimiento en San Fernando, pero le agregaron antecedentes que están en el trabajo reservado que lleva a cabo la Fiscalía. 

Para entender el caso que investiga Fiscalía, hay que tener claro cuál es la irregularidad cometida en SLEP-Colchagua, y que resulta en el desvío de recursos para pagar más de $2.253 millones en indemnizaciones por despido a docentes, situación que por lo demás era ilegal y Contraloría ordenó recontratar.

Claro, uno se cuestiona: "pero si ocupó la plata en otro ítem". Precisamente, el suspendido director ejecutivo, Óscar Leonardo Fuentes Román, estaba impedido de hacer dicho movimiento por más de $2.253 millones para indemnizar a 378 docentes y asistentes de la educación, y lo realizó a espaldas de la Unidad Jurídica y otros funcionarios de SLEP-Colchagua, que han declarado dando cuenta de aquello.

El reportaje de CIPER indica que tuvo acceso a "correos que detallan cómo el suspendido director ejecutivo, Óscar Leonardo Fuentes Román, instruyó a su círculo cercano para utilizar esos recursos en las indemnizaciones" aunque se sabía que no podía hacerse.

Qué dineros fueron desviados

Señala CIPER que “se utilizaron los recursos de distintas subvenciones escolares que se encontraban en el saldo final de caja, el que no puede ser utilizado ni destinado a pagar indemnizaciones, salvo que se realice una modificación presupuestaria con anterioridad. Pero esa salvedad no habría sido tramitada a tiempo por el SLEP, por lo que el procedimiento no se ajustaba a la normativa”.

Las indemnizaciones fueron objetadas por Contraloría-O’Higgins, y el 31 de mayo de 2022 "concluyó que el SLEP-Colchagua debía reincorporar a todos los funcionarios despedidos, además de pagar las remuneraciones que no habían recibido por el tiempo que estuvieron sin trabajo", añade CIPER. Entre los despidos con resoluciones mal emitidas está el de un profesor a quien le cesan su cargo de director, función que nunca ocupó.

A mayor profundidad, el Servicio incumplió el pago de las cotizaciones previsionales de múltiples docentes y funcionarios, lo que llevó al SLEP a acumular demandas con multas e intereses que llegaron, incluso, a los $300 millones.

El diputado Eduardo Cornejo (UDI), miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y parlamentario por el distrito, afirma que “el servicio local tiene un déficit aproximado de $4 mil millones”.

CIPER afirma que "de acuerdo con correos electrónicos intercambiados por funcionarios del servicio, la decisión de desviar recursos fue tomada por el -ahora suspendido- director ejecutivo, Óscar Fuentes Román, junto a funcionarios de su confianza".

Los correos que acusan

La nota de CIPER indica que "Fuentes Román fue informado que los pagos podían ser cuestionados. El 18 de febrero de 2022, Fuentes despachó dos correos a Carlos Poblete Lagos, subdirector de Finanzas del SLEP; Vanessa Valenzuela Allende, jefa de gabinete; y Paola Jiménez Herrera, encargada de Gestión Financiera del servicio. En el primer email, despachado a las 16:59 del día, el director ejecutivo les envía dictámenes de Contraloría sobre órdenes que se consideran contrarias a la ley y formas en que podrían proceder para no tener responsabilidad en la decisión de usar saldo final de caja. A las 17:21 llega el segundo correo, en ese mensaje les envía el modelo para librarse de responsabilidad administrativa ante posibilidad de auditoría".

Toda esta situación es parte de una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, junto a un equipo especial de la PDI y que lidera el fiscal jefe de Rancagua, Javier Von Bischoffshausen.

Las pesquisas toman como inicio el informe final de la Contraloría, tras auditar a este servicio, que concluye que "los pagos a funcionarios que fueron objetados significaron el desvío de más de $1.638 millones del Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, además de recursos del PIE que son usados en estudiantes con necesidades especiales; Subvención de Mantenimiento; Subvención General y de la Subvención Pro-Retención, que se entrega a estudiantes con familias de extrema pobreza y vulnerabilidad".

María Hermosilla, miembro de la Unidad Jurídica del SLEP, señaló a CIPER cuando realizó su investigación que prefiere “no detallar los hechos descritos en la tutela, a efectos de que sea el Poder Judicial quien dirima de conformidad a su criterio y al mérito de los antecedentes”. El propio Fuentes Román quien es consultado por CIPER, niega los correos y dice que lo demostrará en juicio.

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