SLEP Colchagua sigue acumulando querellas en Tribunales

Investigación desformalizada de la fiscalía por presunto delito de fraude y más de 100 querellas se tramitan en Tribunales, es el actual panorama del Slep Colchagua.

En enero del 2021 se instaló el Servicio Local de Educación Pública (Slep) Colchagua, lo que para profesores y asistentes de la educación sanfernandina era un verdadero alivio el cambio de administración desde la Corporación, pero al poco andar comenzaron los descuentos por algunas asignaciones  a docentes y asistentes, lo que disminuyó notablemente sus ingresos, sumado además a múltiples despidos.

El nuevo director Óscar Leonardo Fuentes Román, enviaba un video el año 2021 a todos los funcionarios del servicio de las comunas de Chimbarongo, San Fernando, Placilla y Nancagua, donde delineaba que esta nueva administración se regiría por el principio de legalidad vigente, y señalaba que se debían verificar las asignaciones si correspondían. “Somos un servicio público y por tanto los funcionarios de este servicio público, son funcionarios públicos y en tal sentido somos funcionarios públicos, y los servicios públicos se rigen por principio de legalidad, eso significa lo que nosotros podemos hacer y lo que tenemos que hacer tiene que estar refrendado en  legislación”.

Pero a tres años de la implementación del nuevo Servicio Local de Educación Pública, el director del servicio se encuentra suspendido de su cargo y con sumario vigente para su posible destitución, además de un lapidario informe de Contraloría, que constata el uso de recursos para pagos de indemnizaciones, con dineros que estaban destinados para otros objetivos. Además en los Tribunales de San Fernando, existe una larga lista de funcionarios que presentaron sendas querellas.

El 30 de diciembre del 2022 el informe de la Contraloría señaló que el nuevo servicio local no solo había vulnerado la legislación vigente sino que además la Constitución de la República, en la página 3 y 4 señala en uno de sus puntos “Se verificó que el SLEP de Colchagua emitió cheques por concepto del literal C), de la resolución N° 1.121, de 2022, esto es para el pago de indemnizaciones de los términos de relación laboral de los docentes y asistentes de la Educación, previo a la total tramitación de la resolución que dispone la transferencia al Servicio Local de Educación de Colchagua, por un monto totalizado de $2.253.760.642, lo anterior no se ajusta al artículo 23 de la ley N° 21.395, en relación con los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, asimismo incumple lo dispuesto en artículo 1°, de la resolución N° 7, de 2019, de este origen”.

Lo que significa que en menos de dos años de administración el Slep Colchagua, al parecer desvió fondos para el pago de indemnizaciones con ítems no validados por la legislación vigente, lo que se podría deducir en un posible delito de malversación de caudales públicos o fraude al fisco.

Investigación desformalizada y querellas

Al revisar la página del Poder Judicial, es posible observar la gran cantidad de juicios que se están tramitando en los Tribunales Laborales. En el primer juzgado de letras del trabajo existen 49 procesos, en tanto en el segundo juzgado laboral hay 40 causas, en Juicios de Cobranzas hay 37 causas que se están tramitando, que en su mayoría son en beneficio de los trabajadores, provocando un grave daño a los recursos públicos administrados por el Slep Colchagua.

Actualmente el Ministerio Publico, específicamente la unidad de Alta Complejidad Regional, realiza una investigación desformalizada contra los administradores del Servicio Local Colchagua, y al menos tres serían los posibles responsables del desvío de dineros para el pago de indemnizaciones de funcionarios despedidos, donde el principal responsable sería el sumariado Leonardo Fuentes, quien dio las instrucciones de pagar, a pesar de tener un informe negativo de parte del departamento jurídico. 

Otro de los involucrados sería el administrador y jefe de finanzas, cuyas indagatorias se iniciaron hace aproximadamente tres meses junto a una unidad especializada de la PDI, para recabar los antecedentes de los responsables en las supuestas irregularidades.

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