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Por Abelardo Caroca , 12 de junio de 2024 | 20:14

Caso Plagio: Gobernador también recurre a Contraloría

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Denunció las presuntas irregularidades, acompañando informe con todos los antecedentes de los proyectos de seguridad plagiados.

A la denuncia del pasado sábado ante la Contraloría Regional realizada por el consejero Lenin Arroyo, por el caso proyectos comunitarios del 8% FNDR, que fueron dejados fuera de concurso o rechazados por el Gobierno Regional, por existir evidencia de haber sido copiados, hoy se sumó a esta misma acción el Gobernador Pablo Silva Amaya.

Es así que hoy en el plenario regional, el abogado del Gobierno Regional, Matías Orellana, informó al pleno de la sesión ordinaria 737 del Consejo Regional, denuncia ante Contraloría Regional, realizada por gobernador Pablo Silva Amaya.

Cabe recordar que la primera denuncia del caso ante Contraloría, la realizó el consejero regional Lenin Arroyo, quien solicitó auditoría a las comunas de Requínoa y San Fernando, y también indagatorias contra el Gobernador Pablo Silva Amaya, por la responsabilidad en la omisión de no haber realizado una investigación en el primero de los casos.

Hay que recordar que los fondos concursables del 8% FNDR, están destinados para cultura, deporte, seguridad ciudadana, medio ambiente y social es para que las organizaciones comunitarias accedan a recursos para el mejoramiento de sus barrios, equipamientos de sedes, eventos culturales, que deben ser presentados por los vecinos no por la Municipalidad.

Denuncia a Contraloría

Sobre la denuncia se informó luego de leer la carta enviada por consejera regional, Cristina Marchant Salinas, quien por duelo no pudo estar presente en la sesión, dicha misiva que fue leída por el consejero Mauricio Valderrama, donde la consejera señala su preocupación por el incumplimiento de las bases legales del concurso del 8% FNDR y llama a actuar con responsabilidad ante la opinión publica, en sancionar las responsabilidades de quienes realizaron los proyectos.

Tras la lectura de la misiva, el Gobernador Pablo Silva Amaya, dio la palabra al abogado Matías Orellana, quien señaló “no podríamos levantar sanciones contra funcionarios municipales, y como esto podría ser una irregularidad administrativa pueden estar comprometidas ciertas responsabilidad de funcionarios, quienes tiene la facultad de fiscalizar, levantar procedimientos, pedir informes es la Contraloría General de la Republica, y en ese contexto hoy ingresamos un oficio a la Contraloría, denunciando estas irregularidades, comentando lo que tenemos de conocimiento, acompañando nuestro informe con todos los antecedentes, poniéndonos a disposición y solicitando a la Contraloría, si es necesario pedir informes a la Municipalidad de San Fernando,  y proveer la responsabilidad administrativa de los funcionarios que corresponda”.

 

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