San Fernando: Corporación Municipal desafía a la justicia

Una funcionaria denuncia una serie de irregularidades por parte de la Corporación Municipal, que se niega a cumplir con las resoluciones judiciales.

La batalla judicial de una funcionaria pública, cuya trayectoria laboral se extiende por más de tres décadas, se ha convertido en el centro de una lucha que trasciende los límites de un simple litigio laboral. Su caso, que involucra a la Corporación Municipal de San Fernando, pone de manifiesto las tensiones entre el poder institucional y los derechos individuales.

Los hechos se remontan a noviembre de 2021, cuando la Corporación Municipal, mediante una resolución unilateral, decidió modificar las condiciones laborales de la funcionaria, eliminando asignaciones y funciones que había desempeñado durante años. Ante esta situación, la trabajadora recurrió a la justicia, obteniendo fallos favorables en la Corte de Apelaciones de Rancagua y la Corte Suprema.

Sin embargo, la Corporación Municipal, lejos de acatar las decisiones judiciales, ha continuado con acciones que la funcionaria califica de represalias. La han despojado de sus funciones, la han degradado de su cargo y han reducido su salario, todo ello en aparente contradicción con los fallos judiciales.

Sobre el proceso judicial, el abogado Manuel Lisboa explicó: "El proceso comenzó en noviembre de 2021. En esa oportunidad, la Corporación Municipal dictó una resolución que rebajaba asignaciones y beneficios de su sueldo, afectando en un 50% sus remuneraciones. Ante esto, presentamos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua".

"La Corte nos dio la razón y la demandada (Corporación) apeló del fallo ante la Corte Suprema, y el máximo tribunal del país confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, con fecha de mayo de 2022", detalló el jurista.

Sobre si la Corporación acató el fallo de la Corte Suprema, el abogado señaló: "Al día siguiente de lo resuelto por la Corte Suprema, la Corporación dictó una nueva resolución rebajando por segunda vez los bonos y asignaciones. Ante esto, presentamos una demanda laboral en el mes de julio de 2022. La demanda se basa en que se lesionó el derecho de indemnidad, y fue fallada a nuestro favor en primera instancia".

"La contraparte, la Corporación, presentó recursos de nulidad ante la Corte de Apelaciones, donde perdieron. Luego, presentaron recursos de unificación de jurisprudencia ante la Corte Suprema, y en paralelo, recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que los declaró inadmisibles", explicó el abogado.

Con respecto al fallo de la Corte Suprema, el abogado Manuel Lisboa señaló: "Recientemente se publicó la sentencia que, en definitiva, negó el recurso presentado por la Corporación Municipal. A principios de año, iniciamos el proceso para hacer cumplir la sentencia, y hasta la fecha, lo único que han cumplido es realizar un procedimiento invalidatorio, pero no han cancelado nada y el monto no está definido".

"Se debe pagar desde julio de 2023 a la fecha, y además reincorporarla a su cargo con sus remuneraciones correspondientes, lo que tampoco se ha realizado. Dictaron una resolución para informar que la restituyen a la categoría B, que es la que le corresponde, pero no se cumplió", explicó el litigante.

Sobre las acciones para obtener la liquidación y la restitución de asignaciones y bonos tras la sentencia, el abogado comentó: "Vamos a seguir el caso desde el aspecto civil, en relación con el procedimiento invalidatorio. También tenemos un aspecto laboral, que es el cobro de las remuneraciones adeudadas y las diferencias. Además, vamos a seguir la vía penal, con una querella por la falsificación de instrumentos y el desacato, ya que no se han cumplido las resoluciones de los Tribunales de Justicia del país".

Corporación responde

En lugar de hacerse cargo de la reducción de sueldo y bonificaciones de la funcionaria, o de argumentar sobre los presuntos desacatos reiterados a los Tribunales de Justicia del país, el equipo jurídico de la Corporación respondió: “La Corporación Municipal de San Fernando se ha apegado estrictamente a la ley, destinando los recursos públicos al financiamiento de las atenciones de salud en la forma que la ley señala”.

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