San Fernando: Concejal denuncia irregularidades en contrato de basura

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La denuncia es por uso de norma derogada en adjudicación directa a STARCO S.A., exigiendo la intervención de la Contraloría Regional.

En un movimiento que cuestiona contrato de la administración municipal de San Fernando, el concejal Matías Álvarez Adriasola ha elevado una denuncia ante la Contraloría Regional, poniendo en entredicho la legalidad del contrato de recolección de residuos sólidos domiciliarios otorgado a la empresa STARCO S.A. El corazón del asunto: la presunta utilización de una norma derogada para justificar un trato directo, sin licitación pública de por medio.

Álvarez, en una presentación formal ante el ente contralor en Rancagua, detalla cómo la Municipalidad habría fundamentado la contratación en el artículo 8 del Decreto Supremo N.º 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, una disposición legal que ya no tiene validez tras la publicación del Decreto Supremo N.º 39 en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024. "Es inaceptable que se utilicen normas derogadas para justificar contratos que comprometen recursos públicos. Esto vulnera el principio de juridicidad y transparencia que debe regir en toda administración", enfatiza el concejal.

**El concejal Matías Álvarez Adriasola, ha elevado una denuncia ante la Contraloría Regional,**

La denuncia de Álvarez no solo cuestiona la validez del contrato, sino que también pone en tela de juicio la declaración de emergencia esgrimida por el municipio para obviar el proceso de licitación.

Ante la Contraloría, Álvarez ha solicitado un pronunciamiento sobre tres puntos clave: la validez de contratos basados en normas derogadas, la posible infracción al principio de legalidad y las medidas correctivas a adoptar en caso de constatarse irregularidades. Este paso se suma a una serie de fiscalizaciones impulsadas por el concejal, en un contexto de creciente preocupación por la deuda acumulada y la falta de transparencia en el municipio.

La Contraloría Regional tiene ahora la palabra, y su dictamen será crucial para esclarecer la legalidad de un contrato que ha desatado una tormenta política en la comuna.

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