Gendarmería en el Banquillo: Corte exige garantías para defensores y presos

La Corte de Apelaciones de Rancagua, toma cartas en el asunto, y ordena a Gendarmería realizar cambios profundos en el trato de las personas dentro del recinto penitenciario.

El Complejo Penitenciario de Rancagua fue escenario de una tensa situación el 31 de marzo de 2025, cuando un incidente con gases tóxicos alteró la rutina de defensores y reclusos.

Los juristas Mario Quezada y Daniela Larraguibel González, en representación de los defensores penales públicos Ronald Gajardo, Millaray Vicuña, Consuelo Martínez Peñaloza y Paloma Marín Marín, interpusieron dos Recursos de Amparo en paralelo, lo que evidenció una realidad inquietante: la seguridad individual y la libertad personal, derechos fundamentales garantizados por la Constitución, estaban en riesgo.

Los defensores, en cumplimiento de su deber de visitar a sus representados, se encontraron en medio de una nube tóxica que emanaba de los calabozos, donde los internos aguardaban sus entrevistas. La sospecha no tardó en surgir: gas pimienta, un disuasivo químico, habría sido el causante de la perturbación. La acción, lejos de ser un hecho aislado, se interpretó como una vulneración constante de derechos, una amenaza latente que pendía sobre defensores y defendidos.

La respuesta de Gendarmería, representada por la Directora Regional Subrogante y el Alcaide del CP Rancagua, no convenció a la Corte de Apelaciones. El tribunal acogió el recurso, declarando la ilegalidad de los actos denunciados. La resolución fue contundente: Gendarmería debía garantizar la seguridad de los defensores, su trato digno y su protección como defensores de derechos humanos. Además, se ordenó una capacitación urgente sobre el uso de disuasivos químicos y se exigieron condiciones dignas para las entrevistas entre defensores e imputados.

Este caso trasciende la mera anécdota. Pone de manifiesto la fragilidad de los derechos en contextos de privación de libertad y la importancia del rol de los defensores penales públicos, garantes del acceso a la justicia y del respeto a los derechos humanos. La resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua sienta un precedente: la seguridad y la dignidad no son privilegios, sino derechos inalienables, incluso tras los muros de una prisión.

COMENTA AQUÍ